Rehabilitación del fallido – Fallo negativo por existencia de causas penales

 

 

Antecedentes Ley 24.522

CAPITULO IX

Inhabilitación del fallido

ARTICULO 234.- Inhabilitación. El fallido queda inhabilitado desde la fecha de la quiebra.

ARTICULO 235.- Personas jurídicas. En el caso de quiebra de personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas físicas que hubieren integrado sus órganos de administración desde la fecha de cesación de pagos. A este efecto, no rige el límite temporal previsto en el Artículo 116.

Comienzo de la inhabilitación. La inhabilitación de quienes son integrantes del órgano de administración o administradores a la fecha de la quiebra, tiene efecto a partir de esa fecha. La de quienes se hubiesen desempeñado como tales desde la fecha de cesación de pagos pero no lo hicieron a la fecha de la quiebra, comenzará a tener efecto a partir de que quede firme la fecha de cesación de pagos en los términos del artículo 117.

ARTICULO 236.- Duración de la inhabilitación. La inhabilitación del fallido y de los integrantes del órgano de administración o administradores de la persona de existencia ideal, cesa de pleno derecho, al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o de que fuere fijada la fecha de cesación de pagos conforme lo previsto en el artículo 235, segundo párrafo, salvo que se de alguno de los supuestos de reducción o prórroga a que aluden los párrafos siguientes.

Ese plazo puede ser reducido o dejado sin efecto por el juez, a pedido de parte, y previa vista al síndico si, verosímilmente, el inhabilitado -a criterio del Magistrado- no estuviere prima facie incurso en delito penal.

La inhabilitación se prorroga o retoma su vigencia si el inhabilitado es sometido a proceso penal, supuesto en el cual dura hasta el dictado de sobreseimiento o absolución. Si mediare condena, dura hasta el cumplimiento de la accesoria de inhabilitación que imponga el juez penal.

ARTICULO 237.- Duración de la inhabilitación. La inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo que medie conversión en los términos del Artículo 90 admitida por el juez, o conclusión de la quiebra.

ARTICULO 238.- Efectos. Además de los efectos previsto en esta ley o en leyes especiales, el inhabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interpósita persona, ser administrador, gerente, síndico, liquidador, o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones. Tampoco podrá integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ellas.

 

Bunge, Augusto Miguel s/quiebra

 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2007

Y VISTOS:

1) Apeló el fallido la resolución dictada en fojas 667 por la que el señor juez de grado rechazó el pedido de rehabilitación incoado por su parte y prorrogó la inhabilitación en los términos del artículo 236 de la ley de concursos y quiebras por encontrarse aquél inmerso en dos procesos penales.

Los fundamentos fueron expuestos en fojas 686/688 y respondidos en fojas 699/700.

En fojas 709 se pronunció la señora fiscal general actuante ante esta Cámara quien se expidió en el sentido que surge del dictamen glosado en la citada foja.

2) Se quejó el recurrente de la decisión adoptada en la anterior instancia con base en que:

 

i) la circunstancia de que el fallido se encuentre sometido a dos procesos penales no resultaría suficiente por sí sola para disponer la prórroga de la inhabilitación;

 

ii) las causas penales no guardarían relación con este proceso falencial, en tanto ninguno de los querellantes se presentó a verificar el crédito que invocaron en dichas causas;

 

iii) la sentencia recurrida no hizo alusión al auto de procesamiento, acto que marca el comienzo del proceso penal; iv) en ninguna de las causas ha recaído hasta la fecha sentencia condenatoria.

 

3) La inhabilitación, como efecto personal de la declaración de quiebra, tiene en el ámbito del ordenamiento legal concursal, un régimen específico.

 

En efecto, el artículo 236 de la ley de concursos y quiebras prescribe que la inhabilitación del fallido cesa de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra, con la salvedad de que puede ser prorrogada o retomada su vigencia si el fallido es sometido a proceso penal, supuesto en el cual dura hasta el dictado de sobreseimiento o absolución o cumplimiento de la condena.

 

4) Véase, pues, que la norma no hace ningún tipo de distinción respecto de tipos legales alcanzados, por lo que en principio el precepto debería aplicarse a todo tipo de participación en conductas delictivas involucradas en procesos de la naturaleza del que nos ocupa. Pero, aun en caso de efectuar una interpretación restrictiva de sus términos, atento la limitación de derechos que la inhabilitación acarrea para el afectado, no caben dudas que una correcta lectura de su hermenéutica debería incluir a todos aquellos delitos que involucren conductas susceptibles de generar un peligro para el ejercicio del comercio en general.

 

Es que no debe perderse de vista que la inhabilitación contemplada en la ley 24522 no tiene carácter represivo, sino que tiende a tutelar el crédito y la seguridad del tráfico mercantil.

 

Recuérdase que el orden público económico -consistente en crear y mantener en general, y en forma armonizada, las distintas individualidades que lo pueden conformar: competencia, lealtad, buena fe, crédito fluido, ámbitos adecuados para que se desarrollen patrimonios equilibrados que permitan la evolución de las explotaciones empresariales, etc.- es la garantía que permite, en este orden, el adecuado desenvolvimiento de la suma de los distintos estamentos privados que componen la comunidad. De allí la necesidad de que el Estado provea lo conducente para encauzar los comportamientos tendientes al equilibrio y bienestar de este aspecto comunitario, siendo su instrumento la ley, la cual ha hecho una detallada enumeración de conductas de particulares pasibles de sanciones -derecho común- y de represiones -derecho penal- (véase en esta línea: Fusaro, Bertelio: “La calificación de conducta en la ley 19551, reformada por la ley 22917” - RDCO - año 17 - pág. 57).

 

Y si efectivamente hay un ámbito donde se encuentran específicamente enumerados los delitos susceptibles de alterar el mencionado orden público económico es el Código Penal, en cuanto agrupa aquellas conductas punibles cuya represión aparece necesaria a efectos de preservar el bien jurídico de la propiedad. Bien jurídico al que cabe asignar el sentido amplio que fluye del artículo 17 de la Constitución Nacional, en tanto no debe circunscribírselo al criterio civilístico que lo identifica con el derecho real de dominio, ni tampoco sólo en cuanto tutela la justa pretensión de los acreedores a percibir su crédito mediante distintos actos que tiendan a burlarlo, sino que resulta comprensivo también de aquellos actos que, dolosa o culposamente, disminuyen o hacen desaparecer los bienes del propio patrimonio y de otros delitos contra la buena fe en los negocios o lesivos de la fe pública, especialmente de la buena marcha de las relaciones económicas.

 

Repárese sobre el particular que ésta ha sido la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reiteradamente ha entendido que se encuentran comprendidos dentro del concepto de “propiedad” los créditos, los derechos personales, y aun los bienes inmateriales (cfr. Fontan Balestra, Carlos: “Tratado de derecho penal” - T. VI - págs. 184/189; Fallos: 184:137; 194:267; 196:122).

 

5) En el caso, se encuentra acreditado que Augusto Miguel Bunge se encuentra imputado por el delito de defraudación por administración fraudulenta en dos causas que ya fueron elevadas a juicio, sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia (ver fs. 657/663).

 

Ahora bien, es evidente que el delito referido encuadra en la directriz apuntada en el punto 4 de la presente, pues como delito contra la propiedad supone la causación de un perjuicio susceptible de afectar el orden público económico y el tráfico normal de los negocios.

 

Desde esta perspectiva, pues, es claro que debe sostenerse una interpretación amplia de la norma que nos ocupa, que ha de ceder ante un caso de sobreseimiento, absolución o cumplimiento de la condena como se indicara supra, extremos cuyo acaecimiento no han sido acreditados en el “sub examine”.

 

En orden a todo ello, esta Sala encuentra configurado el presupuesto fáctico previsto por el artículo 236 de la ley de concursos y quiebras para prorrogar la inhabilitación oportunamente dispuesta en este proceso falencial, con la extensión prevista por dicha norma.

 

6) Como corolario de lo hasta aquí expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la señora fiscal general,

 

SE RESUELVE:

a) Desestimar el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada en fojas 667 en lo que fue materia de agravio;

b) Imponer las costas de Alzada al fallido en su calidad de vencido en esta instancia (art. 68, CPCC).

Notifíquese a la señora fiscal general. Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándose al señor juez a quo disponer las notificaciones pertinentes.

Alfredo A. Kölliker Frers - Isabel Míguez - María E. Uzal

 

Excelentísima Cámara:

1. En la resolución de fojas 667, el juez de primera instancia rechazó el pedido que formuló el fallido para que se disponga su rehabilitación.

2. Apeló el afectado y fundó su recurso a fojas 686/688 donde expresó que el artículo 236 de la ley de concursos y quiebras se refiere a la existencia de un proceso penal por quiebra o por hechos vinculados con ésta. Añadió que sólo es imputado y que no rige la mencionada extensión porque ésta sólo procede en caso de que exista auto de procesamiento.

3. Establece el artículo 236 de la ley 24522, que “la inhabilitación se prorroga o retoma su vigencia si el inhabilitado es sometido a proceso penal, supuesto en el cual dura hasta el dictado del sobreseimiento o absolución. Si mediare condena, dura hasta el cumplimiento de la accesoria de inhabilitación que imponga el juez penal”.

Considero que los tipos penales abarcados por la regla de la ley concursal son los que tutelan el bien jurídico de la seguridad del crédito, la hacienda o economía pública, la buena fe en los negocios y, por consiguiente, los tipos definidos en los artículos 172 a 174 del Código Penal, que son precisamente aquellos por los cuales fue encausado el apelante (cf. dict. 112.019 - “Romero, Roberto Daniel s/quiebra. Inc. de apelación” con fallo en sentido coincidente de la Sala A - 15/8/2006; ídem dict. 79.024 - “Masri Construcciones SACI s/quiebra”, con fallo en sentido coincidente de la Sala C - 5/6/1998).

La Sala A, que previene en estos obrados, destacó, en el citado precedente que “... la norma no hace ningún tipo de distinción respecto de los tipos legales alcanzados por lo que, en principio, el precepto debería aplicarse a todo tipo de participación en conductas delictivas involucradas en procesos de la naturaleza del que nos ocupa. Pero aun en caso de efectuar una interpretación restrictiva de su términos, atento la limitación de derechos que la inhabilitación acarrea para el afectado, no caben dudas que una correcta lectura de su hermenéutica debería incluir a todos aquellos delitos que involucren conductas susceptibles de generar un peligro para el ejercicio del comercio en general.

Es que no debe perderse de vista que la inhabilitación contemplada en la ley 24522 no tiene carácter represivo, sino que tiende a tutelar el crédito y la seguridad del tráfico mercantil”.

Del informe del Registro Nacional de Reincidencia, glosado a fojas 656/662, surge la existencia de dos causas penales iniciadas respecto del fallido por defraudación por administración fraudulenta. Ello permite concluir que en el caso de autos no es factible acceder a la pretendida rehabilitación por tratarse de uno de los delitos enumerados en el citado Código Penal.

Por otra parte, cabe señalar que no se aportaron elementos que demuestren que el requirente actualmente sólo es un imputado y, aun cuando fuera veraz ese extremo, estimo que de todos modos debe persistir inhabilitado por los términos que surgen del artículo 236 transcripto supra.

En consecuencia, opino que debe rechazarse el recurso.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2007

Alejandra Gils Carbó